Hoy en nuestro blog te contamos sobre el Tercer Reporte publicado por la Dirección General de Aguas (DGA) respecto la aplicación de la Ley N° 21.064, que aborda los procesos sancionatorios en territorio nacional entre 2018 y 2022. Desde la promulgación de la Ley en enero de 2018, la DGA ha ejercido un papel fundamental en la fiscalización y sanción de casos relacionados con el uso y manejo del recurso hídrico en Chile. En este informe, se revela una tendencia interesante: el número de fiscalizaciones iniciadas por la DGA supera a las generadas por denuncias de la comunidad. Esto plantea interrogantes sobre el rol de la ciudadanía en la protección y vigilancia de nuestros recursos hídricos y sus implicaciones para el futuro. A continuación explicamos los detalles de este reporte y las perspectivas que plantea para el país.
26 de julio 2023
Desde que el 27 de enero de 2018 se publicara la Ley N° 21.065, que otorgó mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar a la Dirección General de Aguas, hasta diciembre de 2022, se han abierto 7.181 expedientes sancionatorios de fiscalización, resolviéndose un total de 5.746 durante ese período.
Al respecto, la jefatura del Departamento de Fiscalización, Carmen Herrera, señaló que estas investigaciones se pueden iniciar por la denuncia de terceros, que en el transcurso de 5 años de aplicación de la ley fueron 2.891, equivalente al 40,3% del total, o de oficio, es decir, por iniciativa de la DGA, correspondiente a 4.288, equivalente al 59,7%. También indicó que, aun cuando existe la posibilidad de la autodenuncia, sólo se han verificado 2 en todo este tiempo.
“El objetivo de la función fiscalizadora que ejercemos tiene como principal objetivo resguardar tanto el derecho humano al agua como la función ecosistémica y productiva de las aguas, por lo que se busca corregir las desviaciones normativas, para que las personas hagan el aprendizaje y actúen de acuerdo a derecho. Lógicamente, que cuando se constata una infracción, ésta es objeto de una sanción, monetaria o administrativa, y además se ordena una medida para corregir la falta, la que tiempo después es revisada a fin de constatar si el infractor cumplió con lo ordenado. Sin embargo, estamos convencidos que, para efectuar esta labor de policía y vigilancia de las aguas, se requiere del apoyo de la comunidad, que las personas ingresen la denuncia correspondiente en forma presencial o mediante nuestro sitio web dga.mop.gob.cl pues así nos permiten focalizar nuestros esfuerzos y actuar más rápido ante estos incumplimientos”, comentó Herrera.
El reporte indica que año a año se ha ido incrementando el número de expedientes abiertos, es así que en 2018 fueron 1.242, de los cuales el 97% (1.206) se han cerrado; en 2019, se abrieron 1.320 y de ellos, un 88,3% (1.289) se encuentra resuelto; en 2020, se abrieron 1.460, resolviendo al día de hoy el 88,3% (1.289); en 2021, de los 1.506 expedientes abiertos, el 78,6% (1.187) se resolvió y en 2022, se registró la apertura de 1.653, de los cuales un 51,7% (854) fueron cerrados durante el mismo año.
En el detalle, el desglose de los expedientes abiertos por regiones es: Arica y Parinacota 227 (3,16%), Tarapacá 175 (2,44%), Antofagasta 609 (8,48%), Atacama 201 (2,80%), Coquimbo 694 (9,66%), Valparaíso 1.235 (17,20%), Metropolitana 518 (7,21%), O’Higgins 491 (6,84%), Maule 527 (7,34%), Ñuble 418 (5,82%), Biobío 441 (6,14%), Araucanía 750 (10,44%), Los Ríos 282 (3,93%), Los Lagos 370 (5,15%), Aysén 143 (1,99%) y Magallanes 100 (1,39%).
Las regiones con más expedientes abiertos son Valparaíso con 1.235 (17,2% del total), La Araucanía con 750 (10,4% del total) y Coquimbo con 694 (9,66% del total).
Fiscalización de oficio o por denuncia
Aun cuando a nivel nacional se mantiene la tendencia de los años anteriores en términos de que el número de expedientes abiertos por iniciativa de DGA es mayor que las denuncias presentadas por la ciudadanía, se observan distintos comportamientos en cada región.
Las regiones que tienen una proporción mayor de expedientes abiertos de oficio, son Valparaíso (827), Antofagasta (595) y Araucanía (495). Le siguen Coquimbo (292), Metropolitana (264), O’Higgins (238), Maule (214), Arica y Parinacota (181), Ñuble (183), Biobío (183), Los Lagos (175), Los Ríos (160), Tarapacá (152), Atacama (142), Aysén (112) y Magallanes (75).
Mientras que las regiones con mayor cantidad de expedientes abiertos por denuncia son Valparaíso (408), Coquimbo (402) y Maule (313). Luego vienen Biobío (258), Araucanía (255), Metropolitana (254), O’Higgins (253), Ñuble (235), Los Lagos (194), Los Ríos (122), Atacama (59), Arica y Parinacota (46), Aysén (30), Magallanes (25), Tarapacá (23) y Antofagasta (14).
Tipos de infracción
En cuanto a los tipos de infracción más recurrentes en estos 5 años, éstos son: extracción de aguas no autorizada con 39,6% (2.841), obras no autorizadas en cauces 34,6% (2.481), monitoreo de extracciones efectivas con 11,3% (814), otras con 7,5% (536) y extracción de áridos no autorizada 7,1% (509).
Las regiones de Arica y Parinacota (59%), Valparaíso (58,7%), Atacama (56,2%), O’Higgins (52,1%), Coquimbo (51,6%) y Metropolitana (49,8%) concentran la mayor cantidad de expedientes por extracción no autorizada de aguas.
Con mayor proporción de expedientes por obras no autorizadas en cauces figuran las regiones de Los Ríos (62,4%), Los Lagos (60,8%), Biobío (59,6%), La Araucanía (55,9%), Ñuble (52,2%), Magallanes (45%) y Maule (41,6%).
Mientras que las regiones de Antofagasta (60,4%) y Tarapacá (43,4%) concentran los expedientes por incumplimiento al monitoreo de extracciones efectivas, seguidas por Arica y Parinacota (13,7%) y Metropolitana (12,7%) . Y tratándose de extracción de áridos no autorizado, la región de Aysén (47,6%) lidera los expedientes abiertos por este tipo de infracción, secundado por La Araucanía (14,4%), Los Lagos (11,6%) y Magallanes (10%).
Multas
En cuanto a las multas a beneficio fiscal y que se pagan en la Tesorería General de la República, durante estos 5 años se han aplicado 1.954 multas, equivalentes a 368.659,3 UTM (aproximadamente unos 23 mil 345 millones de pesos, considerando el valor de UTM de julio 2023).
La región con la mayor cantidad de multas cursadas es Antofagasta con 266, constituyendo el 13,61% del total de multas a nivel nacional. Luego vienen la región de La Araucanía con 259 multas (13,25%), Coquimbo con 208 (10,64%), Valparaíso con 196 (10,03%), O’Higgins con 161 (8,24%), Metropolitana con 133 (6,81%), Ñuble con 123 (6,29%), Biobío con 115 (5,89%), Maule con 113 (5,78%), Los Ríos con 112 (5,73%), Los Lagos con 62 (3,17%), Aysén con 57 (2,92%), Tarapacá con 51 (2,61%), Arica y Parinacota con 42 (2,15%), Atacama con 34 (1,74%) y Magallanes con 22 (1,13%).
En relación al monto de las multas, las regiones con mayor monto acumulado son Valparaíso con 93.739 UTM (25,4% del total), Coquimbo con 58.679 UTM (16%), Metropolitana con 41.241 UTM (11,2%) y O’Higgins con 35.051 UTM (9,5%), demostrando que no existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de multas aplicadas y la cantidad del monto acumulado.
Por último, del total de 7.181 expedientes de fiscalización con resolución, sólo el 15,5% (1.113) fueron impugnados mediante recursos de reconsideración y en el caso del 84,5% restante (6.068), no se interpusieron recursos de reconsideración, sin perjuicio que los últimos años se verifica un incremento sostenido.
Para ver el Tercer Reporte Aplicación de la Ley n° 21.064 “Procesos sancionatorios en territorio nacional período 2018-2021”, puede descargarlo en: el siguiente link 👉🏻 https://goo.su/4qX2B 👈🏻
Por último, la jefa de la Unidad de Fiscalización de la DGA, mencionó que este reporte es elaborado de forma voluntaria en un esfuerzo del Servicio por transparentar la información a la comunidad.
Fuente: Agroinchile y Dirección General de Aguas
El tercer reporte de aplicación de la Ley N° 21.064 presentado por la Dirección General de Aguas arroja datos significativos sobre la fiscalización y sanción de casos relacionados con el uso y manejo del agua en Chile. La persistente tendencia de que la DGA inicie más investigaciones de oficio que las denuncias ciudadanas plantea la necesidad de reflexionar sobre la participación y compromiso de la comunidad en la protección de nuestros recursos hídricos. Si bien la labor de la DGA es crucial para asegurar el cumplimiento de la ley, el involucramiento activo de la población es un factor clave para lograr una gestión sostenible del agua en el país.
Según el informe, las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Coquimbo concentran la mayor cantidad de expedientes de infracciones.
¿Cuáles crees que son las principales causas de estas cifras en esas regiones específicas? ¿Qué medidas podrían implementarse para reducir las infracciones en esas zonas?
Queremos conocer tu opinión! contáctanos a ventas@agroinchile.cl
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