La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas ha emitido una ordenanza crucial que afecta directamente a los usuarios de derechos de agua desde la región de Atacama hasta La Araucanía. Esta medida preventiva, que estará en vigor desde mediados de mayo hasta septiembre de este año, busca proteger a las comunidades y las infraestructuras de las crecidas potenciales durante la temporada de lluvias. Más detalles sobre esta ordenanza están disponibles aquí, y te invitamos a leer nuestro análisis para comprender mejor las implicaciones y acciones requeridas.
22 de mayo 2024
Con el objetivo de minimizar los riesgos de inundaciones y daños asociados a las crecidas de ríos y cauces, la DGA ha instruido a todas las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas en las regiones afectadas para que procedan con el cierre de bocatomas. Estas medidas afectan a cualquier estructura de captación en cauces naturales y buscan asegurar el libre escurrimiento de las aguas durante estos meses críticos.
Además, la Dirección General de Aguas realizará vigilancias activas de las obras de toma y podrá ordenar modificaciones o la destrucción de obras provisionales que no ofrezcan garantías de seguridad. Esto incluye el mantenimiento de bocatomas de canales cerradas en caso de aviso de grandes crecidas. Estas acciones son fundamentales para proteger caminos, poblaciones y otros terrenos de interés general contra desbordamientos que podrían ser causados por defectos en la construcción o mal manejo de las captaciones.
Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, mencionó que estas medidas son una práctica anual basada en la autoridad que cada director regional posee, adaptándola a la realidad específica de cada territorio. La Dirección General de Aguas tiene la facultad de vigilar las obras de captación en cauces naturales para evitar perjuicios en las obras de defensa, caminos, personas, poblaciones y otros bienes, por lo que se emite esta instrucción de manera preventiva.
Importante destacar que en caso de incumplimiento de las medidas ordenadas por la DGA, se habilitará a quienes se vean perjudicados y otras instituciones públicas para acudir al Juzgado de Policía Local y solicitar la aplicación de multas que fluctúan entre las 51 UTM ($3.337.593) y 500 UTM ($32.721.500 aproximadamente), independiente de las acciones civiles o penales que se puedan ejercer.
Para mayor información sobre las resoluciones específicas por región, puedes consultar los siguientes enlaces:
Esta medida, aunque temporal, es esencial para garantizar la seguridad y protección de las comunidades y recursos naturales en las regiones mencionadas. Los usuarios de derechos de agua deben estar atentos y cooperar plenamente con las directivas de la DGA, asegurándose de cumplir con los cierres de bocatomas y cualquier otra instrucción proporcionada. La prevención y preparación son clave para mitigar los impactos negativos de las crecidas inesperadas.
¿Qué medidas estás tomando para cumplir con esta nueva ordenanza?
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