Anglo American multada en Aconcagua: un síntoma de la fragilidad hídrica y de gestión en Chile

El 13 de agosto se conoció que la Dirección General de Aguas (DGA) sancionó a la minera Anglo American por extracción ilegal de aguas en la cuenca del río Aconcagua. El hecho, que a primera vista puede parecer un episodio aislado dentro del amplio espectro de fiscalizaciones que realiza la autoridad, se transforma en un símbolo más profundo de la fragilidad de nuestro sistema hídrico y de las limitaciones en la gestión pública del recurso.

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La sanción y sus alcances

De acuerdo con la DGA, la compañía habría realizado extracciones sin la debida autorización, vulnerando normativas vigentes. La multa ascendió a 168 millones de pesos, según consignaron algunos medios especializados, lo que refleja la magnitud de la infracción. Sin embargo, este monto —que puede parecer alto en la opinión pública— no siempre representa un desincentivo suficiente para empresas de gran envergadura, cuyos ingresos superan ampliamente esas cifras.

Lo más preocupante es que esta situación ocurre en la cuenca del Aconcagua, una de las más críticas en materia de escasez hídrica. Según datos recientes de la propia DGA y del Ministerio de Obras Públicas, los embalses de la zona presentan un déficit del orden del 15% al 20% en comparación con su promedio histórico, y las proyecciones climáticas apuntan a que esta tendencia continuará.

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Una cuenca bajo presión

El Aconcagua ha sido catalogado por múltiples estudios, entre ellos el último informe del CR2 (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia), como una cuenca en estrés hídrico estructural. Esto se debe a una combinación de factores: reducción de precipitaciones en la cordillera, aumento de la demanda agrícola e industrial, urbanización acelerada en el valle y un marco regulatorio insuficiente para coordinar los distintos usos del recurso.

En este contexto, que una empresa de la magnitud de Anglo American incurra en extracciones no autorizadas no solo genera un impacto directo sobre la disponibilidad de agua, sino que profundiza la sensación de inequidad entre los distintos usuarios. Mientras pequeños agricultores ven restringidas sus dotaciones e incluso enfrentan multas por “no uso”, las grandes compañías encuentran vacíos o dilaciones institucionales que les permiten extender sus operaciones.

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Multas sin soluciones estructurales

Si bien la DGA cumple con su rol sancionador, lo cierto es que Chile lleva más de una década enfrentando sequías severas sin lograr instalar mecanismos efectivos de gestión integrada de recursos hídricos. Las sanciones, aunque necesarias, no reemplazan la urgencia de contar con un plan robusto de adaptación, una política clara de redistribución de caudales y un fortalecimiento institucional que asegure certezas para todos los usuarios.

El Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos (junio 2025) reconoce estos desafíos y propone medidas como la creación de Consejos de Cuenca, la incorporación de saberes ancestrales y un mayor control sobre la recarga de acuíferos. Sin embargo, la implementación de estas medidas avanza lentamente, y los conflictos como el de Anglo American demuestran que la institucionalidad aún responde de manera fragmentada.

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El trasfondo político y regulatorio

Cabe recordar que durante el último año se han registrado episodios que afectan la percepción de seguridad jurídica en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas: desde vetos presidenciales que alteran proyectos de ley aprobados en el Congreso, hasta errores administrativos de la DGA corregidos por la Contraloría, lo que genera incertidumbre entre usuarios y organizaciones de regantes.

Este ambiente de inestabilidad, sumado a la falta de planificación de largo plazo, refuerza la idea de que Chile enfrenta no solo una crisis hídrica, sino también una crisis de gobernanza en la gestión del agua.

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Lo que está en juego

La multa a Anglo American debe ser vista más allá del titular. No se trata únicamente de una sanción económica: es un recordatorio de que la crisis hídrica de Chile requiere mucho más que castigos puntuales. Se necesita un marco de acción integral que combine:

• Seguridad jurídica y regulatoria, que permita a los usuarios planificar con certeza.

• Gestión técnica y transparente, para que las decisiones no dependan solo de fiscalizaciones aisladas.

• Responsabilidad compartida, donde tanto grandes empresas como agricultores y comunidades asuman compromisos claros en torno al uso eficiente y sustentable del agua.

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Conclusión y propuesta

La sanción a Anglo American en el Aconcagua es una llamada de atención. Nos recuerda que el problema no es solo la falta de lluvias o la disminución de nieve en la cordillera, sino también la incapacidad institucional para ordenar, fiscalizar y proyectar con visión de futuro. En un país con uno de los mayores niveles de estrés hídrico del mundo, seguir actuando de manera reactiva equivale a hipotecar nuestro desarrollo agrícola, minero e incluso social.

Desde Agroin hemos constatado que no basta con sancionar: es necesario crear certezas jurídicas, impulsar proyectos técnicos de redistribución y acompañar a los usuarios en procesos de regularización que den tranquilidad y confianza. Este caso abre un espacio para poner sobre la mesa propuestas serias que integren gestión, planificación y compromiso de todos los actores.

Chile necesita dejar de esperar milagros y avanzar en una nueva cultura del agua, basada en la verdad, en la responsabilidad y en una gestión técnica seria y oportuna. La multa es apenas un síntoma; la enfermedad de fondo es mucho más profunda. El verdadero desafío es convertir estas crisis en oportunidades para generar reglas claras, mayor confianza en el mercado y soluciones que fortalezcan a agricultores, empresas y comunidades. En ese camino, Agroin está disponible para aportar conocimiento técnico y acompañar a quienes necesitan dar pasos concretos hacia una gestión hídrica más sólida y sostenible.