Agustín Walker, Abogado, especialista en derechos de aguas y recursos naturales, entregó sus opiniones al Diario Financiero y habló respecto a los cambios que propone el proyecto de nueva Constitución.
Según explicó en la columna, dentro de las disposiciones transitorias que define el proyecto constitucional se establece que, desde su entrada en vigor, todos los derechos de agua otorgados con anterioridad pasarán a ser autorizaciones de uso. Agrega que no se podrán vender, ni tampoco celebrar ningún acto jurídico que involucre su ejercicio por parte de un tercero distinto a su titular, salvo que sea para satisfacer el derecho humano al agua o el saneamiento y siempre con previa autorización del Estado.
De esta manera reveló que, la Convención buscó sacar el agua del mercado y centralizar su distribución en el Estado, así pueden limitar el uso de quienes tienen mucha agua y redistribuirla a quienes la necesitan, pero que no tienen los recursos para adquirirla.
“La nueva Constitución termina perjudicando a quienes pretende ayudar, desmejorando su situación frente a los grandes agricultores, quienes quedarán en un escenario perfecto para comprar más tierras” explicó Walker.
No obstante, las empresas y quienes tengan más recursos podrán resolver fácilmente la nueva disposición. Una opción simple sería aportar los derechos a nuevas sociedades antes de que entre en vigencia la nueva Constitución, para luego traspasar las sociedades, en vez de las autorizaciones de uso. Otra alternativa, que puede implementarse incluso después de la entrada en vigencia, es dividir la sociedad propietaria, para luego transferir aquella resultante a las que les quedaron asignadas las autorizaciones de uso de agua. Comentó en la columna
En este contexto la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué pasará con aquellos pequeños agricultores que no tiene abogado, que no actúan a través de sociedades y que difícilmente leerán esta columna? Para ellos, tenemos malas noticias.
Quien tenga agua en exceso no podrá venderla ni arrendarla. Además, quien tenga tierra y no agua, no podrá explotarla, pues solamente podrá acceder a agua solicitándola al Estado, trámite que puede demorar varios años y que en muchos casos terminará en una respuesta negativa por parte de la autoridad, considerando que gran parte de la zona norte y centro sur de Chile se encuentra con prohibición de otorgamiento de nuevos derechos.
A su vez, recalcó que nadie que no tenga agua comprará tierra si no tiene el agua necesaria para su riego, lo que disminuirá considerablemente el valor de la tierra cultivable.
Por otro lado, estarán las personas que, por necesidad, tengan que vender sus tierras, no sólo recibirán menos por ellas, sino que quedarán con autorizaciones de agua que no podrán usarse, no tendrán ningún valor y que, además, serán consideradas por la DGA en el balance hídrico, limitando el otorgamiento de nuevas autorizaciones de uso.
Finalmente, debemos preguntarnos, ¿A quién terminará beneficiando esta reforma? ¿Quién se ve favorecido cuando el pequeño agricultor tiene problemas y hay una baja de precio de la pequeña propiedad agrícola?
La nueva propuesta Constitucional terminaría perjudicando a quienes pretende ayudar, desmejorando su situación frente a los grandes agricultores, quienes quedarán en un escenario perfecto para comprar más tierras. Allende no estaría muy contento viendo cómo se revierte su reforma agraria. Manifestó el abogado
Fuente: Diario Financiero
Por Agustín Walker, Abogado
Pregunta:
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