En una publicación realizada en la Revista del Campo del diario El Mercurio el pasado 05 de mayo, se publicaron las principales claves para mejorar el uso sustentable de las aguas subterráneas.
Dentro de las herramientas que ayudarían a utilizar de manera eficiente el recurso, se destacan, el monitorear cuánta agua se extrae de los pozos, fiscalizar las instalaciones ilegales y fortalecer la formación de comunidades de usuarios, además de determinar en qué zonas no se pueden otorgar más derechos.
Vivimos tiempos complejos, y con la sequía de los últimos años muchos proyectos principalmente agrícolas han tenido que construir pozos para asegurar la disponibilidad de agua para riego en diferentes regiones del país, lo que les ha permitido enfrentar de mejor forma la emergencia y, al mismo tiempo, esto a generado que las aguas subterráneas y su uso sustentable cobren más importancia.
La publicación hace referencia a que, varias empresas que construyen estas obras han estimado que solo durante el año pasado se habrían construido más de mil trabajos de captación de aguas subterráneas, más conocidas como pozos profundos, para usos agrícolas, lo cual coincide con un aumento en las solicitudes de derechos de aguas subterráneas otorgadas en la Dirección General de Aguas (DGA).
Por estos motivos, la Dirección General de Aguas (DGA) a tenido que declarar formalmente áreas de prohibición y de restricción, estas zonas son donde ya no se pueden otorgar más de estos derechos y en el segundo caso, donde solo se podrán otorgar derechos provisionales.
En cuanto a como se ha venido desarrollando este proceso, en la noticia se destaca que: “Si bien a comienzos de 2018 había solo seis acuíferos bajo prohibición en el país y 156 declarados áreas de restricción, este año, llegarán a un total de 102 acuíferos bajo prohibición y 97 en restricción, ya que varios pasaron a prohibición, de un total de 375 sectores hidrológicos de aprovechamiento común existentes a nivel nacional”.
De este modo, la DGA puede exigir nuevas maneras para controlar y administrar el uso de este recurso de forma localizada y con mayor claridad, fomentando, por ejemplo la organización de comunidades de usuarios de aguas subterránea, aun cuando ya existen 200 sectores declarados bajo prohibición o restricción, estás comunidades se han ido conformando poco a poco, de hecho solo existen 14 organizaciones formales de este tipo, lo que representa uno de los mayores desafíos para la gestión, además de avanzar en la fiscalización de las extracciones ilegales y en monitorear que se usen correctamente los derechos ya otorgados.
A su vez, sería ideal que los usuarios de aguas de sectores que todavía no se han organizado lo hagan, con el fin de optimizar la gestión y dar la posibilidad de utilizar de mejor manera los recursos hídricos en sus zonas enfrentando así la escasez.
Formando comunidades
La noticia también se refiere a que hacia fines de los años noventa cuando los regantes de la zona baja del río Copiapó comenzaron a quedarse sin agua, porque las vertientes comenzaron a secarse, encendieron las alarmas y comenzaron a organizarse para gestionar el uso de las aguas subterráneas, impulsados por INDAP y la DGA, que se los exigió como requisito para otorgar derechos provisionales de aprovechamiento y así enfrentar la emergencia de aquella época.
Pero la partida no fue fácil y recién se conformó formalmente en 2008, siendo hoy una de las comunidades más antiguas y activas de las 14 existentes.
Sin embargo, es necesario que todos los usuarios de aguas tomen en cuenta que esto está lejos de ser un deseo o una necesidad de unos pocos y comiencen a verlo como un desafío clave para todos los actores que forman parte de actividades económicas relacionadas al uso del agua, porque si le afecta a uno, en algún momento también les afectará a los otros, de tal manera, es relevante entender y poner el foco en la gestión integrada de la cuenca.
Por otra parte, muchos de los usuarios de aguas subterráneas que han querido conformar estas comunidades, se han encontrado con trabas en la tramitación, porque el proceso ante la DGA puede durar más de dos años. Incluso, en el mismo organismo han reconocido que a lo largo del tiempo se han rechazado más de 400 solicitudes, algo que se espera modernizar y agilizar a corto plazo, según indica la información publicada se está avanzando en este proceso.
Regularización de pozos
Otro punto no menos importante para la gestión adecuada de los recursos hídricos es, la inscripción de todos los pozos en la DGA, lo cual ley señala que se debe realizar, considerando desde las norias o punteras para uso en las viviendas hasta las grandes obras de captación de aguas subterráneas, no obstante, en la práctica ocurre que muchos no se registran, lo que dificulta saber realmente cuánta agua se está sacando desde un acuífero.
Si bien en la noticia, Pablo Rengifo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo (Alhsud) en Chile, comenta que: “El que se construyan pozos para enfrentar la sequía no es necesariamente un problema, porque es una herramienta que permite afrontarla, si se está sacando más agua de la que se puede recuperar y no se vuelve a un punto de equilibrio, se puede afectar la sustentabilidad del acuífero, y para evitar eso es clave tener un diagnóstico sobre cuál es la demanda real de agua que tiene una cuenca”.
En cuanto a esto, también planteó que una de las mayores dificultades para generar buenas políticas públicas en materia de aguas subterráneas, es saber realmente qué volumen representan en cada acuífero las extracciones irregulares o ilegales, ya que en algunas cuencas estos volúmenes llegarían a niveles de hasta 50%.
Para colaborar con este objetivo, en la noticia publicada, se hace referencia a que desde la DGA están iniciando un proceso de fiscalización mediante el uso de imágenes satelitales y drones, donde se puede identificar cuánta agua consume un agricultor midiendo el vigor de las plantas y cotejarlo con los derechos de agua que tiene, además las juntas de vigilancia están colaborando para determinar quienes están extrayendo agua en forma ilegal, de este modo poder regularizar estas situaciones.
Monitorear la extracción
Finalmente, la nota indica que un tema clave para definir la sustentabilidad en el uso de las aguas subterráneas es comprobar que los titulares de esos derechos estén extrayendo el volumen que les corresponde.
Para lograrlo, la DGA implementó hace dos años, el sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) para las aguas subterráneas, en el cual los usuarios deben informar los caudales que extraen, lo que hacen en forma automática los grandes usuarios –mediante telemetría– y manualmente los usuarios más pequeños, al menos una vez al mes, esto faculta al organismo para tener más información y tomar mejores decisiones.
MEE de aguas superficiales comenzó en la Cuenca del Aconcagua.
Otros datos importantes que destaca la publicación son que hasta el 31 de marzo, el sistema contaba con 3.730 obras registradas y desde la DGA aseguran que ya se está implementado en el 86% de las zonas declaradas como áreas de prohibición y en el 64% de las de restricción, por lo que es importante que los usuarios de aguas vayan incorporando estas medidas en sus propiedades con el propósito de colaborar y que todos puedan mantener un uso sustentable de los recursos a largo plazo.
Fuente: El Mercurio.com/Campo
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