Sistema Lavadero-Perquilauquén: CNR define alternativa para embalse

El 25 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional de Riego presentó los resultados finales del estudio de prefactibilidad para el proyecto «Construcción sistema de riego Lavadero-Perquilauquén». Tras cerca de 24 meses de evaluaciones en terreno y trabajo constante con las organizaciones de usuarios de las regiones del Maule y Ñuble, la entidad técnica determinó que la alternativa denominada «Perquilauquén N.º 4» es la opción que presenta la mejor evaluación económica y social para construir una gran obra de regulación en la zona.

El objetivo del proyecto es claro: aumentar drásticamente la seguridad de riego en la cuenca del río Perquilauquén. Según los datos entregados por las autoridades de la CNR durante la reunión de cierre en Ñiquén, la materialización de este embalse permitiría pasar de un actual 27% de seguridad hídrica a un 85%. Este salto operativo tiene el potencial de beneficiar de manera directa a más de 4.000 hectáreas agrícolas de la zona centro-sur, involucrando principalmente a los usuarios que integran las juntas de vigilancia de los ríos Perquilauquén y Digua.

De un 27% a un 85%: qué significa la seguridad hídrica en la práctica

Tener un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales inscrito y con sus papeles al día es el requisito base. Pero el papel por sí solo no riega un campo. Lo que riega es el caudal real que trae el cauce físico durante los meses de mayor demanda, típicamente entre diciembre y febrero.

En gran parte del país, y la cuenca del Perquilauquén no es la excepción, el balance hídrico es el problema de fondo. Un 27% de seguridad hídrica significa que la probabilidad estadística de que el río entregue el agua necesaria para cubrir la demanda de los cultivos en la etapa crítica es muy baja. En términos simples, los agricultores operan asumiendo un riesgo alto de que el agua no alcance para terminar la temporada agrícola de manera óptima, lo que limita qué tipo de especies pueden plantar y cuánto pueden invertir.

Subir esa seguridad al 85% mediante un embalse cambia la estructura de la matriz productiva del territorio. Significa poder capturar el recurso hídrico durante el invierno, almacenarlo y regular su entrega en el verano. Es la diferencia concreta entre sembrar con incertidumbre y poder proyectar cultivos de mayor exigencia y retorno a largo plazo.

Los plazos de una obra pública y el impacto en el activo

El cierre de un estudio de prefactibilidad es el primer hito formal para que una obra de esta magnitud exista, pero es solo el comienzo. La noticia confirma que el Estado tiene los datos técnicos para avanzar, pero no que las obras de construcción vayan a iniciar mañana.

Entre los pasos que siguen, según confirmó la propia unidad de estudios de la CNR, está continuar con las etapas de evaluación detallada, el desarrollo profundo de la ingeniería del proyecto, la incorporación de todos los resguardos ambientales que exige la normativa vigente y mantener la coordinación con las organizaciones de usuarios. Es un proceso que toma años.

Sin embargo, para quien es titular de un derecho de aprovechamiento en el Perquilauquén o en el Digua, el anuncio tiene un impacto que se siente hoy. La perspectiva real de contar con una obra de regulación mayor en el futuro cercano altera cómo se planifica el territorio. La certidumbre hídrica es uno de los factores que más pesa cuando se evalúa el desarrollo de nuevos proyectos agrícolas o cuando se analiza una eventual compra o venta de tierras con derechos asociados.

El rol clave de las Juntas de Vigilancia en esta etapa

El informe de la CNR destacó la participación activa de los agricultores y dirigentes de las juntas de vigilancia del Perquilauquén y Digua. Esto no es un detalle menor. Cuando se diseña una obra de esta envergadura, la forma en que se administrará y distribuirá el agua embalsada en el futuro depende fuertemente de los acuerdos y el trabajo que hagan las organizaciones de usuarios durante las etapas de diseño.

Para que un titular pueda tener voz y voto en las asambleas de su respectiva junta de vigilancia, y participar en las decisiones sobre cómo este proyecto afectará sus entregas de agua, debe estar con sus cuotas al día y con su título de dominio en regla frente a la organización. Si un derecho está a nombre de un titular anterior o no ha sido actualizado en los registros de la junta, el usuario actual no figura formalmente en la toma de decisiones.

El riesgo de esperar a que se inaugure el embalse

Mientras el Estado avanza con las etapas de diseño del sistema Lavadero-Perquilauquén, la tarea del titular del derecho de aprovechamiento ocurre en el ámbito privado.

Para aprovechar efectivamente el agua regulada cuando la obra esté operativa, el derecho debe estar impecable. Esto implica que esté perfeccionado, inscrito con el nombre correcto en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y debidamente registrado en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Además, las obras de captación físicas deben coincidir exactamente con el punto geográfico que indica la resolución que otorgó el derecho.

Si el título indica unas coordenadas, pero en la práctica el agua se saca varios kilómetros más abajo sin haber tramitado formalmente un traslado del punto de captación ante la DGA, ese derecho presenta una falla estructural grave.

Por otro lado, la falta de obras de captación habilitadas acarrea un costo anual importante. Un derecho que no tiene las obras necesarias para extraer el agua cae en el cobro de la patente por no uso. Es clave recordar que esta patente es un impuesto que cobra la Tesorería, no una multa. Si tienes dudas sobre si tus títulos o los de tu sector fueron incluidos en el cobro de este año, puedes revisarlo directamente ingresando el nombre en nuestro buscador gratuito de patentes en /revisa-tu-derecho.

El costo de mantener un derecho inactivo no es solo económico. La Circular DGA N°9 establece plazos claros de permanencia en el listado. Para los derechos de tipo consuntivo anteriores a la reforma, el plazo corre desde el 16 de enero de 2023. Si se cumplen cinco años consecutivos sin regularizar las obras, la DGA podría abrir un procedimiento de extinción. No es automático, y el procedimiento admite defensa, pero es un flanco legal abierto que devalúa el activo frente a los nuevos escenarios de la cuenca.

Preparar los títulos para el futuro

La confirmación de la alternativa «Perquilauquén N.º 4» es una señal sólida para el agro en las regiones de Maule y Ñuble. Demuestra que hay datos duros y viabilidad técnica para dotar de seguridad hídrica a una zona que lo necesita para sostener su producción frente a la variabilidad climática.

Pero el agua regulada requiere títulos ordenados. El costo de equivocarse al gestionar un derecho, o de intentar regularizar todo a última hora cuando el embalse esté a punto de operar, es altísimo. Un expediente rechazado por la DGA por un error de forma significa perder meses de tramitación, enfrentar otro año en el listado de patentes y quedar rezagado.

En Agroin auditamos derechos de aprovechamiento y tramitamos expedientes ante las direcciones regionales de manera constante. Sabemos cuándo es indispensable ingresar un traslado de captación, qué criterios aplican los revisores de la DGA en esta macrozona y cómo estructurar una defensa técnica si surge un problema de titularidad. Si tienes aguas en las cuencas del Perquilauquén o Digua y necesitas alinear tus papeles con la realidad física de tu campo, conversa tu caso con nuestro equipo. Es mejor revisar el escenario hoy con tiempo, que forzar una regularización cuando el margen de maniobra ya se acabó.