El nuevo Código de Aguas, tiene a las asociaciones de canalistas trabajando contra el tiempo. Según Información publicada por el diario La Tercera hace unos días, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas tienen como plazo máximo hasta octubre de 2023 para tener sus derechos en regla. No obstante, la urgencia está de cara al plebiscito del 4 de septiembre que se llevará a cabo en unos días más.
De esta manera, los usuarios temen que, si la Constitución se aprueba, el Conservador de Bienes Raíces ya no permita nuevas regularizaciones. La problemática es que hoy, más de la mitad de los permisos no están inscritos, sin embargo, las asociaciones de canalistas ya iniciaron el trabajo para que sus accionistas legalicen su situación.
Aunque tienen un plazo de 18 meses, para las asociaciones de canalistas, esa fecha puede vencer el próximo 4 de septiembre. Si bien la última modificación al Código de Aguas de abril permite que los usuarios realicen la regularización de los derechos hasta octubre de 2023 -salvo los pequeños agricultores, cuyo plazo vence en 2027- para que los derechos de agua estén debidamente inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas (RPA) del Conservador de Bienes Raíces (CBR) respectivo, y luego en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la Dirección General de Aguas (DGA), los usuarios temen que, posteriormente las autoridades pongan trabas para llevar a cabo el registro, por esta razón, el llamado es a auditar los derechos y realizar las gestiones necesarias para tener los derechos en óptimas condiciones antes de que finalicen los plazos.
Debido a que la nueva Constitución establece el fin de los derechos de agua, reemplazándolos, de manera inmediata, por autorizaciones de uso incomerciable; un cambio en la normativa legal vigente que tiene a todos los dueños de este recurso moviéndose contra el reloj, propietarios que nunca vieron la urgencia de regularizar, hasta ahora.
Mientras que desde la DGA estiman que existen 350 mil usuarios con Derechos de Aprovechamiento de Aguas (D.A.A.) constituidos o reconocidos. De ellos, 150 mil están registrados en el Catastro Público de Aguas, es decir, menos de la mitad del total. Asimismo se estima que, hay otros 130 mil que participan en organizaciones de usuarios, pero que no han regularizado sus derechos; y 70 mil que la DGA tiene identificados como inscritos en el Conservador, pero no inscritos en el CPA.
“Estamos tratando de actualizar todos los registros, porque no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la actitud que va a tener el Conservador el 5 de septiembre si es que el proyecto se aprueba, si es que va a entregar o no inscripciones”, destacaron desde la Confederación de Canalistas de Chile.
Motivos para acelerar la inscripción
“El derecho de agua es tuyo, es tan personal que ni siquiera es del campo”, afirmó para la publicación el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta. Aún más, destaco que en la agricultura -cuya superficie bordea los 1,2 millones de hectáreas distribuidas en cerca de 350.000 propietarios-, el valor de la hectárea regada corresponde en 80% al valor del Derecho de Aprovechamiento de Agua. En consecuencia -sentencia- la eliminación de este derecho implica una pérdida patrimonial de casi el 80% para cada uno de los agricultores.
A pesar de esto, la necesidad de regularizar los derechos nunca fue tan urgente como hasta ahora. En el sector explican que la mayoría son terrenos que se han heredado, sin la debida diligencia por inscribir los derechos. Las asociaciones -señalan- operan en base a la tradición, por lo que nunca han exigido tales registros.
De este modo, las asociaciones de canalistas ya iniciaron un intenso trabajo para acelerar la regularización de más de la mitad de los derechos que no están en regla. “Llegado el minuto de un cambio sustantivo en el ordenamiento de aguas, esos son datos tremendamente relevantes para respaldar cualquier autorización en el futuro”, explicó para la noticia el asesor en temas hídricos de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Federico Errázuriz. A su vez, hay que considerar que un alto porcentaje de quienes poseen esas autorizaciones son pequeños agricultores, que tienen entre 1 y 15 hectáreas.
Por su parte, en la DGA reconocen un mayor movimiento en estos procesos de registro. Si entre 2015 y 2020, se registraban tradicionalmente 5.400 derechos al año; en 2021, fueron 6.511. En 2022 ya llevan 6.400 y estiman que a fin de año habrán ingresado unos 10.000 derechos registrados.
Finalmente, el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile comentó, “Hay canales que son muy diligentes, pero hay otros en que el hombre dice ‘no, si no va a pasar nada’. Entonces estamos haciendo una campaña de convencimiento, diciéndoles: ‘Señores, si no hacen nada, ponen en riesgo su derecho de aprovechamiento’”, subrayó Peralta. “Lo que se pretende es que cada uno de los dueños de sus derechos estén legítimamente al día, porque el día de mañana, si tú no tienes cómo demostrar que tienes un derecho, fregaste”, comentó.
Fuente: Diario La Tercera
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